Confianza para cada decisión sobre carbono y materias primas.

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El capital ya ha apostado a largo plazo por el carbono. En 2025 se anunciaron contratos de compra a plazo por valor de 12.300 millones de dólares estadounidenses, la mayoría de ellos con una vigencia de una década o más, a precios muy superiores a los del mercado al contado. Las eliminaciones de alta integridad han registrado un déficit durante tres años consecutivos, mientras que la oferta sin calificar sigue presentando un excedente. La señal es clara: el volumen ya no genera confianza, y el precio ya no sigue la evolución del volumen.
Para los compradores, esto se traduce en calidad y confianza en la entrega a un precio que refleje el riesgo real, en lugar de un descuento por la incertidumbre. Para los promotores, significa tener acceso a una financiación que recompense un proyecto bien documentado y de gran integridad con el precio que se merece, en lugar del precio de un producto básico sin diferenciación.
En Colombia, este cambio se está produciendo a medida que el país desarrolla su propio marco de mercado de carbono. Un impuesto nacional sobre el carbono, en vigor desde 2017, ya permite a las entidades reguladas cumplir parte de su obligación con créditos verificados. Paralelamente, Colombia está poniendo en marcha el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE), su sistema nacional de comercio de emisiones, cuya regulación entrará en vigor en 2026 y cuya plena operatividad está prevista para 2030. La mesa redonda analizará cómo estas instituciones, normas y mecanismos de mercado pueden establecer la integridad como norma, y qué significa eso, en la práctica, para quienes compran, desarrollan y financian créditos de carbono en Colombia.
El mercado ha dejado de primar el volumen. La cuestión estratégica es cómo deben posicionarse los promotores y los compradores para impulsar el mercado colombiano hacia el valor.
