Respuesta a la consulta política: Consulta de Verra sobre las unidades de carbono proyectadas (PCU)

6 de junio de 2022
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Ben Rattenbury
VP Política

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TL;DR

1. ¿Es probable que el diseño propuesto de la UCP (Sección 2) permita una inversión temprana en el proyecto y apoye a los compradores de la UCP en la reducción de los riesgos de contratación y entrega y facilite una comunicación creíble del progreso hacia los objetivos de cero emisiones netas u otros compromisos climáticos? 

Sí. Sin embargo, tenemos algunas preocupaciones y sugerencias específicas que esperamos ayuden a optimizar el impacto de esta innovación.

Una de las características más interesantes de la propuesta de PCU es la centralidad del principio de "orden de llegada". La sección 2.10 afirma acertadamente que "es importante que los compradores potenciales de PCU puedan conocer el orden de las PCU disponibles en relación con las PCU ya asignadas para un proyecto determinado". Sin embargo, no está clara la forma en que los compradores potenciales de PCU deben hacer esa determinación. La sección 2.10 sugiere que "los compradores pueden consultar los números de serie de las PCU y otra información relevante en el Registro Verra para apoyar dichas evaluaciones", sin embargo, esto requeriría que los criterios de búsqueda establecieran los números de serie (números de inicio y final) en relación con la emisión total permitida para esa añada. La forma más clara de proporcionar esta información sería expresar los números de emisión como un porcentaje del total permitido, concretamente un intervalo porcentual que abarque el inicio y el final de los números de serie. Este intervalo porcentual debería incluirse tanto en la pestaña PCU como en los criterios de búsqueda.

Además, entendemos que Verra tiene la intención de dejar que los promotores de proyectos y los compradores de PCU determinen las condiciones comerciales para la compra / venta de PCU (es decir, cómo fijar el precio de la incertidumbre, qué tramos se compran, si hay algún aumento pagado una vez que el PCU se convierte en un VRR, etc.). Esperamos que la magnitud de la financiación inicial que las PCU generen para los proponentes dependa en gran medida de cómo aborde el mercado estas condiciones. Para garantizar que se alcanza el objetivo de impulsar la inversión temprana en los proyectos, Verra podría consultar con organizaciones como la IETA para asegurarse de que comprende y tiene en cuenta la dinámica probable del mercado.

En cuanto a si los PCU ayudarán a las empresas a "facilitar una comunicación creíble de los avances hacia los objetivos de emisión neta cero u otros compromisos climáticos", advertimos que no se deben hacer afirmaciones tajantes sobre el impacto de estas inversiones. Las empresas deberían adoptar un enfoque conservador, evitando incluir los PCU en las declaraciones de neutralidad de carbono o en las afirmaciones de cero emisiones netas, en gran parte porque las cantidades de créditos proyectadas superarán en algunos casos las de los VRR emitidos. En lugar de citar un número proyectado específico de PCU, se podría animar a los compradores a comunicar sus inversiones en proyectos de acción por el clima. 

Los proyectos en fases tempranas conllevan menos costes directos y los PCU pueden representar un incentivo financiero para que los promotores sean más especulativos en el registro de proyectos para acceder a la financiación temprana sin una intención firme de seguir adelante con el proyecto, proponiendo proyectos que tengan las mayores TRE potenciales proyectadas independientemente del riesgo y la incertidumbre asociados. Esto puede dar lugar a que algunos proyectos potenciales obtengan financiación anticipada a través de los PCU sin llegar nunca a materializarse.

El mayor riesgo e incertidumbre puede dar lugar a una forma de lavado verde inadvertido. Se permitirá a los compradores de créditos y a los inversores demostrar que se espera que sus inversiones en proyectos generen una cantidad específica de ERR para cumplir los compromisos proyectados sin una comprensión clara de la probabilidad de que el proyecto produzca con éxito ERR. En este escenario, los compradores pueden acumular grandes carteras de PCU con una baja probabilidad de producir ERR, lo que puede ser considerado una forma de greenwashing por el mercado, uno de los problemas que plantean los PCU.

Para combatir estos problemas podría considerarse un marco para la comunicación del riesgo y la incertidumbre, como la Clasificación Marco de las Naciones Unidas (UNFC). Esto permitiría la comunicación cuantitativa del riesgo y la incertidumbre del proyecto al inversor.

2. ¿Le preocupa la facilidad de uso o la integridad medioambiental del diseño de PCU propuesto (Sección 2)? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus preocupaciones y qué ajustes deberían considerarse para reforzar aún más el diseño propuesto de la PCU? 

Sí. Los proyectos prospectivos en fase inicial conllevan un mayor riesgo técnico y comercial. También están sujetos a un mayor grado de incertidumbre de medición, ya que se producen antes de la supervisión y verificación. Los valores proyectados asociados a los proyectos anteriores a la verificación pueden considerarse especulativos y estar sujetos a ajustes importantes tras la verificación. Esto puede dar lugar a reducciones significativas de las ERR tras el seguimiento y la verificación, lo que puede socavar la confianza de los inversores en el mercado.

Por ejemplo, hemos observado una incertidumbre significativa en torno a la concesión de créditos para proyectos basados en la naturaleza. Observamos que para muchos proyectos AFOLU existe una discrepancia entre el número de créditos proyectados (ex-ante) en los Documentos de Diseño del Proyecto y los créditos que finalmente se emiten. Hemos observado que para muchos proyectos ARR, las reducciones de emisiones proyectadas (por ejemplo, las cifras ex-ante en los DDP) son mayores que la cantidad de créditos verificados y emitidos. En el caso de REDD+, el panorama es mixto: hemos observado que las cantidades de créditos emitidos pueden ser tanto mayores como significativamente menores de lo previsto.

Además, los cambios en la política medioambiental son impredecibles y suponen un riesgo adicional. Dos ejemplos recientes de este tipo de cambios que pueden obstaculizar la emisión de créditos para proyectos son la moratoria sobre los proyectos REDD+ en Papúa Nueva Guinea y la interrupción de las emisiones en Indonesia.

Por lo tanto, recomendamos que (además de la contribución al fondo de reserva) no se venda hasta el 20% de las PCU, para mitigar el riesgo de rendimiento insuficiente. Dos ventajas adicionales de este enfoque conservador son que (i) garantizaría al menos un elemento de "pago basado en los resultados" para los promotores de proyectos, y (ii) garantizaría que puedan realizar el valor total de las futuras emisiones de crédito a través de los mercados primarios, asegurando los flujos financieros continuos que pueden ser necesarios para mantener las actividades del proyecto en marcha durante toda la vida útil del proyecto.

3. El periodo máximo de asignación de PCU propuesto para los proyectos de secuestro (eliminación) de NCS, incluidos los proyectos de forestación/reforestación, es de 40 años. ¿Está de acuerdo con este plazo para los proyectos de eliminación de NCS? En caso negativo, ¿cree que sería más apropiado un plazo más largo (por ejemplo, 60 años) o más corto (por ejemplo, 20 años)? Por favor, justifíquelo. 

Aunque estamos abiertos a opiniones alternativas sobre este tema, vemos riesgos en permitir periodos máximos de asignación de PCU tan largos. 

Dada la complejidad de los MVC, las especificidades de los proyectos subyacentes y los largos plazos asociados a estas actividades, existe una probabilidad no nula de que algunas PCU no se conviertan en VRR. Cuanto mayor sea el volumen de PCU vendidas, mayor será el número probable de PCU canceladas sin convertirse en VRR. Cada PCU cancelada representa un desperdicio de financiación climática, que no logra ningún beneficio medioambiental, y desplaza la financiación climática destinada a los VRR, que sí representan un beneficio medioambiental. Aunque vemos las ventajas de permitir que el mercado comprenda y gestione las incertidumbres del mercado, existe el riesgo inverso de que el mercado, en su conjunto, no alcance instantáneamente el equilibrio óptimo. 

Por esta razón, y a la luz de las metodologías de reducción/eliminación de emisiones en constante evolución, sugeriríamos que el periodo máximo de asignación de PCU propuesto se limitara en primera instancia a un periodo más corto, por ejemplo 20 años, y que se revisara -con vistas a ampliarlo gradualmente- cada cinco años. De este modo, Verra y el mercado en general podrán evaluar el impacto de esta innovación y aumentar gradualmente su alcance temporal, si las pruebas demuestran que esto es beneficioso para el impacto medioambiental general del mercado. 

4. Esta propuesta incluye un periodo máximo de asignación de PCU para los proyectos de secuestro (eliminación) no NCS (por ejemplo, tecnológicos) de 40 años, teniendo en cuenta la importante inversión inicial necesaria para que estos proyectos (por ejemplo, Captura y Almacenamiento Directo de Carbono en el Aire) puedan desplegarse. Sin embargo, a diferencia de los proyectos de secuestro NCS, estos proyectos tecnológicos pueden generar inmediatamente la eliminación de emisiones una vez operativos. ¿Está de acuerdo con este calendario para los proyectos tecnológicos de eliminación? En caso negativo, ¿cree que sería más apropiado un plazo más largo (por ejemplo, 60 años) o más corto (por ejemplo, 20 años)? Por favor, justifíquelo. 

Véase la respuesta a la pregunta 3, que se aplica igualmente a la pregunta 4.

5. El período de asignación de la UCP se describe como un marco temporal estático con una fecha de inicio y una fecha de finalización fijas. ¿Deberían los proponentes de proyectos tener la opción de ampliar el periodo de asignación de la UCP de un proyecto, supeditado a la revalidación de los documentos pertinentes del proyecto? Por ejemplo, cinco años después del inicio del proyecto, el proponente puede ampliar el periodo de asignación de la PCU cinco años más en el futuro tras revalidar los parámetros clave, incluidas las previsiones de la ERR del proyecto. 

Estaríamos abiertos a apoyar esta propuesta si las primeras pruebas del impacto de la introducción de los PCU sugirieran que esto aumentaría el impacto global del mercado. No apoyaríamos empezar con esta posición, porque introduce una complejidad adicional sin un beneficio claro y evidente.

6. ¿Están claras las actualizaciones para la implementación de las PCU (Sección 3)? ¿Tiene alguna sugerencia para aclarar o definir mejor cómo se aplicarán las PCU dentro del Programa VCS? 

Las actualizaciones propuestas parecen lógicas.

7. Tenga en cuenta que las PCU permitirán a los promotores de proyectos asignar y transferir unidades de carbono en una fase del ciclo de desarrollo del proyecto más temprana de lo que sería posible de otro modo. Para garantizar que las PCU se basan en proyecciones sólidas, ¿deberían los promotores de proyectos o las VVB proporcionar información adicional que no se solicite ya en las plantillas de descripción del proyecto VCS e informe de validación (Sección 3.5)?

No creemos que deba facilitarse más información en las plantillas de descripción del proyecto VCS e informe de validación. 

Sobre el autor

Ben Rattenbury
VP Política

Ben Rattenbury es un experto en mercados de carbono, finanzas verdes y política climática con más de una década de experiencia en el sector. Ex becario Fulbright en la Universidad de Columbia, también ha trabajado con y para el sector financiero del Reino Unido, el Gobierno británico, el Banco Mundial y la Secretaría del Cambio Climático de la ONU. Como Vicepresidente de Política en Sylvera, dirige el equipo que trabaja en la inteligencia de los Mercados Voluntarios de Carbono y las intersecciones con la política climática y de mercados en general.

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